Yessica López, candidata del PRD a la diputación local por el IV Distrito de Reynosa, anunció sus propuestas para mejorar los mecanismos bajo los cuales está reglamentado el sector empresarial.
“Nuestro Tamaulipas es el cuarto Estado más caro en todo el país en gasto regulatorio por empresa anualmente, el cual es de 102 mil 774 pesos frente a la media nacional de 48 mil 871, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Me duele que seamos el Estado dónde más del 50 por ciento de los ciudadanos enfrentamos problemas para obtener un tramite ante el gobierno y me incluyo como empresaria”, dijo.
Yessica López mencionó que la corrupción de los funcionarios públicos es intolerante, es por ello que ante el Congreso quiere presentar varias propuestas para tener gobiernos más eficientes y consientes de la necesidad de estar en proceso permanente de mejora.
“Son cosas que parecen simples, pero que pueden hacer una gran diferencia”, expresó la candidata, quien enumeró sus ideas para garantizar el crecimiento económico para los empresarios que quieran invertir en Tamaulipas:
1. Replantear los módulos de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Que pasen de ser de oficinas de enlace y coordinación a verdaderos centros de apertura y de negocios, respetando el tiempo del programa, que es de tres días.
2. Análisis de Impacto Regulatorio. Es una herramienta en la cual se busca garantizar que las regulaciones que se creen o se reformen generen beneficios mayores a los costos que implican y atiendan la problemática a la cual van dirigidos.
3. Reducir los altos costos regulatorios anuales tanto estatales como municipales.
4. Incorporar medios de denuncia a disposición de las personas en el supuesto incumplimiento u omisión de los funcionarios en un plazo especifico. Tamaulipas no los contempla en su Ley de Mejora Regulatoria y sólo cuenta con un espacio del Gobierno Estatal para quejas de forma digital.
5. Penas más severas para todo aquel funcionario que incurra en omisión, falsedad o entorpezca el desarrollo de trámites, reformando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Muerte Civil a Funcionarios Corruptos.
